El Consell aprueba el reglamento de la ley de Renta Valenciana de Inclusión

El Consell ha aprobado el decreto del reglamento de desarrollo de la ley de Renta Valenciana de Inclusión, elaborado por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y que desarrolla aspectos concretos de la normativa y el procedimiento administrativo para el reconocimiento del derecho a percibir esta prestación.

LCV. Valencia / 11 de mayo de 2018

El decreto, que ha sido aprobado tan sólo 18 días después de la entrada en vigor de la norma, establece un procedimiento administrativo que se rige por los criterios de simplificación, coordinación interadministrativa e interdepartamental y gestión telemática.

La renta valenciana de inclusión, que sustituye a la renta garantizada de ciudadanía, incluye mejoras como la ampliación y flexibilización de los requisitos para poder acceder a la ayuda, el aumento de tiempo de cobertura de la prestación y el ahorro en la gestión burocrática.

Con esta normativa el Consell convierte la renta en un instrumento unificado que permite a las personas rehacer su proyecto de vida y también terminar con la burocracia y la gestión dispersa, de manera que se logre una mayor eficacia en la lucha contra la pobreza.

En este sentido, el reglamento contempla el acceso directo a otros tipos de ayuda, en el mismo trámite y sin tener que gestionar nada más, como las becas de educación infantil, ayudas de libros de texto, gastos de matrícula de educación, becas de comedor escolar, sanidad universal y prestación farmaceútica y ortoprotésica.

Asimismo, establece que la prestación económica prevista en la ley podrá ampliarse hasta en un 25 por ciento adicional para cubrir los gastos derivados de la vivienda, en el caso de que ésta sea residencia habitual, y del consumo energético.

Pueden solicitar esta nueva ayuda a través de los servicios sociales municipales, todas las personas que carezcan de recursos económicos y que acrediten su residencia efectiva en algún municipio valenciano durante el último año, así como aquellas que hayan vivido en la Comunitat 5 años de los últimos 10.

Novedades

En concreto, este año se ponen en marcha dos de las cuatro modalidades de estas ayudas, la renta de garantía de ingresos mínimos, para los que no quieren someterse al plan de integración sociolaboral previsto por los técnicos de los servicios sociales; y la de inclusión social para los demandantes que sí acepten el plan de integración planteado por los especialistas para su inclusión social y búsqueda de empleo.

Por otro lado, prevé la posibilidad de que la renta tenga carácter indefinido, siempre y cuando persista la situación que hace necesaria su percepción, y una renovación cada 3 años y además, solo será necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales, exigiendo únicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma.

Asimismo, la ley establece como novedad la eliminación de la distinción entre entidades municipales colaboradoras y no colaboradoras, apostando por la municipalización en la instrucción, tramitación y seguimiento de la prestación de renta de garantía en sus dos modalidades.

En cuanto al importe de la prestación, será, según el salario mínimo interprofesional a la que está referenciada, de 515,13 euros, en el caso de un titular, y 809,49 euros para una unidad familiar de seis personas. Cuantía que puede verse incrementada hasta en un 25 por ciento en el caso de necesitar ayudas para vivienda y pobreza energética, con lo que las cuantías oscilarían entre los 643,91 y los 1.1011,86 euros.

La nueva ley introduce novedades significativas como la redefinición de las unidades de convivencia, de manera que ahora dos unidades de convivencia podrán tener el mismo domicilio, siempre que los servicios sociales así lo consideren.

Titulares de la renta

En líneas generales para ser titulares de la renta, además del requisito de residencia, deben ser mayores de 25 años, pero también se contempla a los mayores de 18 años en los casos de que hayan tenido entre 1-2 años de alta en la seguridad social y tengan un hogar independiente anterior; estén en situación de dependencia o diversidad funcional, en situación de orfandad, o que hayan estado entre los 15 y los 17 años en el sistema de protección o de reeducación para personas menores de edad.

Igualmente, pueden ser titulares personas mayores de 16 años cuando tengan personas con diversidad funcional o dependencia a su cargo, que hayan sido víctimas de explotación sexual o trata, así como de violencia de género o intrafamiliar, o que estén participando en un programa de preparación para la vida independiente.

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