La indemnización por despido improcedente se reduce a 33 días y a 20 si la empresa tiene pérdidas

El Consejo de Ministros ha aprobado una reforma laboral que establece la indemnización para trabajadores fijos que sean despedidos de forma improcedente en 33 días por año trabajado, en vez de los 45 hasta ahora en vigor, con un máximo de 24 mensualidades, y queda en 20 días si al empresa pierde ingresos durante nueve meses.

La vicepesidenta del Gobeirno Soraya Sáenz de Santamaría, y su homóloga de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, han dado a conocer la esperada reforma laboral que ha sido recibida por los sindicatos y la mayoría de los partidos de la oposición como la consagración del abaratamiento del despido y como un recorte a los derechos laborales y con satisfacción por los empresarios.

El Gobierno ha creado una cuenta de formación por trabajador que le da derecho a tener veinte horas de formación anuales pagadas por la empresa en la que esté trabajando.

La indemnización para los contratos antiguos queda fijada en 33 días y será aplicabnle exclusivamente para el periodo de trabajo que se realice a partir de la aprobación de la norma. Estos contratos conservan sin embargo el derecho a recibir una indmenización de hasta 42 mensualidades.

A partir de la aprobación de la reforma, uno de los secretos mejor guardados por el Ejecutivo de Rajo, impuesto tras no llegar los agentes sociales a acuerdos que la desbloquearan, solo exisitrá un tipo de contrato fijo al fusionarse el ordinario y el contrato de fomento del empleo estable con las condiciones que regían éste último.

El despido objetivo, que permite a prescindir de empleados por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, mantiene la indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

No obstante, la nueva norma matiza las causas económicas, de forma que la disminución persistente de ingresos durante tres trimestres consecutivos será motivo suficiente para recurrir a la expulsión del trabajador.

En cuanto a la negoaición colectiva, Fátima Báñez ha asegurado que en el caso de que no se llegase a pactos entre la parte laboral y la empresarial, éste última recurriría a la solución extrajudicial de conflictos o al arbitraje siguiendo el principio de volountariedad.

De no alcanzar el acuerdo, una de las partes podrá acudir a la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos o sus equivalentes autonómicos, que nombrara un árbitro y resolverá en 25 días como máximo.

La reforma introduce la prioridad de los convenios de empresa al margen de lo que se haya pactado en convenios de ámbito superior. Del mismo modo, se facilita a las empresas con problemas de supervivencia que puedan obviar el convenio colectivo e incumplir los acuerdos alcanzados entre las partes.

La vicepresidenta y la ministra han asegurado que la reforma "marcará un antes y un después en la legislación laboral en España", y pretende crear las bases que permitan crecer y crear empleo.

La reforma también intenta, según el criterio del Gobierno, atajar las causas de la economía sumergida y apoyar a los autónomos y a las pymes como grandes generadores de empleo en España.

Sáenz de Santamaría ha destacado que una de las principales medidas es la creación de un contrato indefinido para emprendedores destinado a empresas con menos de 50 trabajadores.

El Real Decreto Ley también incluye una limitación a las indemnizaciones por cese de actividad a los directivos de las entidades de crédito. Se estable un límite de dos años a la indemnización que cobrarán cuando cesen su actividad. Además, cuando el directivo haya sido objeto de un expediente sancionador su cese será considerado como un despido disciplinario y no tendrá derecho a cobrar indemnizaciones de ningún tipo.

La norma, según la vicepresidenta, también recoge una medida para redimensionar el sector público empresarial. Los directivos de las empresas públicas que cesen en su actividad tendrán una indemnización de siete días de trabajo por año trabajado con un límite de seis mensualidades. Si ese directivo tenía una relación previa con la Administración no tendrá derecho a ninguna indemnización porque puede volver a su actividad anterior.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha subrayado que la reforma pretende "romper con la rigidez del mercado de trabajo y con la dualidad  de que los trabajadores temporales paguen las consecuencias de la crisis". El objetivo a corto plazo, ha dicho, es "frenar la sangría de destrucción de empleo" y crear empleo estable cuanto antes.

Entre las novedades de la reforma laboral, Báñez ha señalado que ahonda en los mecanismos de flexibilidad de las empresas para evitar despidos masivos, y se moderniza la negociación colectiva.

Asimismo, la ministra ha asegurado que la reforma trae "más derechos a los trabajadores", como el derecho a la formación individual durante toda su vida laboral. También da más oportunidades a los jóvenes y a los parados de larga duración.

La reforma también supone para el Ejecutivo de Rajoy un gran apoyo a las pymes y a los autónomos y refuerza los mecanismos de control del fraude en el cobro de las prestaciones por desempleo y el absentismo injustificado.