El Gobierno impugna por inconstitucional la declaración soberanista de Catalañua
La vicepresidenta del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha anunciado el acuerdo aprobado por el Gobierno para impugnar la resolución de 23 de enero, del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba la "Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña".
LCV. Madrid / 1 de marzo de 2013
Sáenz de Santamaría ha explicado que la decisión de plantear la impugnación cuenta con dictamen favorable del Consejo de Estado y responde a la obligación del Gobierno de "cumplir y hacer cumplir las leyes".
El Ejecutivo entiende que la resolución del Parlamento de Cataluña resulta inconstitucional porque declara la soberanía del pueblo catalán y acuerda la iniciación de un procedimiento para hacerla efectiva.
La vicepresidenta ha aclarado que no se trata de un recurso de inconstitucionalidad ni de un conflicto de competencias, sino de la "tercera vía" que permite la Constitución, la impugnación, y se interpone "del mismo modo que otras administraciones se ven compelidas en ocasiones a impugnar disposiciones o decisiones del Estado que consideran que les afectan". En este sentido, Sáenz de Santamaría ha expresado su confianza en que el Gobierno catalán "entienda las reglas del juego", que implican el respeto a la legalidad.
El Consejo de Ministros ha estudiado el anteproyecto de ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado. Esta norma consagra siete principios básicos: unidad de acción en el exterior; lealtad institucional y coordinación; planificación; eficiencia; eficacia y especialización; transparencia y servicio al interés general.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que con esta norma "se trata de dotar a la acción exterior del Estado de coherencia para saber qué nos interesa, por qué se actúa y cómo se debe actuar".
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, ha subrayado que esta ley es "absolutamente necesaria" puesto que tenemos una normativa obsoleta. "No se puede hacer una diplomacia del siglo XXI cuando tenemos un esquema de los primeros años del siglo XX", ha dicho.
El anteproyecto refuerza la capacidad del Gobierno como director de la política exterior. Asimismo regula los instrumentos de planificación y seguimiento de la acción exterior mediante la Estrategia de Acción Exterior y el Plan Director de Cooperación. La Oficina de la Marca España realizará informes periódicos. El embajador coordinará la misión en el exterior.
José Manuel García Margallo ha avanzado que se va a invitar a las comunidades autónomas a trabajar con el Gobierno para que "sean más eficientes y sirvan mejor a sus ciudadanos". Asimismo, se les invitará a "compartir servicios, edificios y funcionarios en las representaciones en el exterior".
El ministro ha aclarado que el objetivo es ofrecer apoyo logístico a las delegaciones autonómicas en sus desplazamientos al extranjero y ha definido las medidas adoptadas hoy como un "paso más en el reconocimiento del estado autonómico", que no se había dado hasta ahora.
El Consejo de Ministros ha aprobado también la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar la representación de toda la carrera judicial en el su órgano de gobierno, al facilitar la elección de jueces y magistrados en activo que no pertenezcan a una asociación judicial. También ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley que suspende dos artículos de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la renovación del Consejo.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado las modificaciones que el Proyecto de Ley incorpora respecto al presentado en el Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre. Así, el Consejo General del Poder Judicial informará sobre aquellas normas que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los tribunales. El control interno del gasto corresponderá a un interventor del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, que dependerá funcionalmente del Consejo. Se recoge la sugerencia de que se aclare si hay o no incompatibilidad del vocal de origen judicial con otros cargos gubernativos en el Consejo, así como la recomendación de que todos los miembros de la Junta Electoral Central sean magistrados del Tribunal Supremo. Además se establece un plazo de diez días a un mes para recurrir los acuerdos sancionadores de la comisión disciplinaria.
La norma también incorpora otras cuestiones relativas a elementos organizativos y de personal.
Discapacidad
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula la suscripción de una nueva modalidad de convenio especial para personas discapacitadas con especiales dificultades de inserción laboral, a efectos de la cobertura de las prestaciones por jubilación y por muerte y supervivencia.
En opinión de la vicepresidenta "es un convenio importante porque da cobertura y tranquilidad de vida en condiciones de igualdad a las personas que por razón de tener capacidades diferentes tienen más dificultades en acceder a un puesto de trabajo". "Es un esfuerzo de solidaridad", ha subrayado.
Podrán solicitar su suscripción las personas que tengan 18 o más años y no hayan cumplido la edad mínima para la jubilación ordinaria; residan legalmente en España; tengan reconocida una discapacidad que implique especiales dificultades de inserción laboral; no figuren en alta o en situación asimilada a la de alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social; y se encuentren inscritas como demandantes de empleo al menos seis meses, inmediatamente anteriores a la fecha en que soliciten su suscripción.
Por otro lado, ante el temor de nuevas medidas económicas restrictivas, Sáenz de Santamaría ha ratificado las declaraciones del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: "el señor Montoro hablaba en nombre del Gobierno: no habrá nuevos ajustes".
