A la puerta de la audiencia nacional se suceden las manifestaciones de apoyo a un juez juzgado por un juez que escribe los fundamentos del juicio a quienes piden que se juzgue al juez juzgado. Quien plantea el pleito es un sindicato ultraderechista ofendido por la pretensión de que unos miles de españoles recuperen los restos de sus familiares ajusticiados en la postguerra española y se identifique a los responsables de su muerte y se restituya su dignidad personal, social y humana.

A la puerta de la audiencia se ven pancartas grandes que muestran esqueletos a tamaño natural  en el fondo terragoso de tumbas escavadas en cualquier sitio porque es conocido que los rojos no eran hijos de dios y, en consecuencia, no podían recibir cristiana sepultura, es decir, ser enterrados en el cementerio. También se pueden observar paneles de fotografías de desaparecidos con la piel curtida por los vientos y los soles de España, personas enjutas, casi acartonadas; personas enlutadas; personas humildes que habían cometido el error de disentir, de pensar que las libertades públicas podrían traer algo de paz y progreso a este país. A la puerta de la audiencia se reúnen, en manifestación pacífica, personas que llevan muchos años sufriendo la ausencia de seres queridos, personas que fueron privadas de progenitores o de parientes más o menos próximos, de personas a las que la ejecución de sus familiares los dejó en una precaria situación de subsistencia y marcados con un estigma que se reactivaba cada fiesta conmemorativa de la victoria.

Dentro se celebra un juicio en el que el juez Varela es juez y parte porque fue él quien revisó y orientó el escrito de encausación del juez Garzón. ¿Puede haber una sociedad libre cuando la administración de justicia actúa de aquesta guisa? ¿Puede una sociedad inteligente y culta permitir esta parcialidad? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde el ministro de justicia y el Fiscal general del Estado, el que no piensa recurrir la absolución de Camps?

El aún no ministro Montoro, en una entrevista radiofónica de hace unos meses, manifestó su opinión de dejar el Valle de los Caídos como está, nada de desenterrar a Franco ni de secularizar el edificio, ni nada de nada porque “ningún país se pasa la vida mirando atrás como nosotros. Ningún país europeo está mirando a la segunda guerra mundial”. Posiblemente, porque todos han cerrado sus episodios bélicos. Nosotros no. Nosotros no hemos cerrado ningún episodio de nuestra historia, ni la época imperial, ni la colonial, ni la inquisición, ni el 98 ni el franquismo ni nada de nada. Y no parece que ahora vaya a ser cerrada la memoria histórica sino más bien ajusticiará a quien podría haberla cerrado. Este es un país descerebrado y hace bueno el pensamiento de Castilla del Pino que sostiene que “una parte importante de los trastornos mentales son malas soluciones a un problema”.

  De forma añadida, si, como sostiene José Antonio Marina, una sociedad culta se caracteriza por su forma de resolver los problemas, me parece que la sociedad española deja bastante que desear dada la pasividad que manifiesta ente el nepotismo judicial que impera.   Lo peor que puede ocurrirnos es la falta de respuesta social a esta forma de ejercer la justicia y que el comportamiento de los jueces se instaure no ya como cultura judicial sino como cultura social. La orientación marcada por los jueces (con el silencia cómplice del gobierno del PP) es tan elocuente  como terrorífica: nuestros amigos y correligionarios son impunes y si no lo entendéis así, malversaremos los procesos para que sea como queremos que sea. ¿No es esto corrupción del poder judicial? ¿No es prevaricar vaciar de contenido una causa descontextualizando y fraccionando todos los aspectos de la trama Gurtel de tal forma que sea imposible llegar a un veredicto causal? ¿No es prevaricar ser juez y parte en un proceso?

Los juicios contra Garzón siguen su curso, encaminándose a un destino incierto mientras que los corruptos de derechas van dejando la prisión y siendo declarados no culpables.

Decididamente es la hora de la filosofía.