Ideologización del conocimiento

AGUSTÍN HIDALGO 

La ministra de Sanidad, Ana Mato, en la comparecencia parlamentaria de la semana pasada comunicó a sus señorías y a todo el que quisiera oírla que pedirá informes “médicos y científicos” para contrarregular la utilización de la píldora del día después que, como es conocido, se utiliza para evitar la progresión de un posible embarazo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la realización de un coito con riesgo de embarazo no deseado.

Como se recordará, la última modificación de las condiciones de uso de la tal píldora la realizó el gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero y consistió en declararla medicamento de libre dispensación y, en consecuencia, podía adquirirse directamente en las farmacias sin necesidad de prescripción médica. Con esta medida se pretendían al menos dos cosas: la primera, reducir la presión asistencial a los médicos de guardia evitando de paso la peregrinación de las usuarias de un Centro de Salud a otro o entre los Centros de Planificación Familiar de sus ciudades. El segundo objetivo, al eliminar la prescripción, era facilitar el acceso al medicamento suprimiendo un paso previo que podía producir situaciones engorrosas en las demandantes y en los prescriptores. Así pues, la dispensación sin receta en las farmacias favorecía el acceso al medicamento y se evitaba recurrir a la práctica de abortos en etapas más avanzadas de la gestación.

La medida del gobierno socialista fue contestada en medios conservadores y en algunos estamentos profesionales entre los que algunos colegios de médicos y de farmacéuticos invocaron la necesidad de diagnóstico previo a la utilización del medicamento, el carácter amoral de la medida, la no consideración de la libertad individual del médico y del farmacéutico a no prescribir y no dispensar por razones éticas, morales o ideológicas y que la medida adoptada favorecería el uso indiscriminado de la píldora del día después que, inevitablemente, acarreará efectos adversos graves en las usuarias y producirá un fomento de las enfermedades de transmisión sexual y la frecuencia de aborto entre las jóvenes. Diversos medios de comunicación se sumaron a la protesta y miembros relevantes de la Iglesia Católica lanzaron anatemas contra quienes en tal sentido habían legislado y quienes procedieran a las prácticas protegidas por la ley patrocinada por la ministra Leyre Pajín.

Se produjo en aquel momento, como antes y después ocurrió con el aborto, el concurso de científicos que apoyaron las tesis de los obispos y de los partidos conservadores con el PP a la cabeza. Allí acudieron militantes del Opus Dei e investigadores ungidos por Aznar con cargos de relevancia en la gestión de la ciencia como es el caso del Profesor Cesar Nombela, que fue director del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que participó en la orquesta que animó el coro de que el alma existe desde la concepción, de que el ser es humano desde que se produce la fecundación y que la ciencia ha demostrado ambos extremos, como si estos asuntos –los del porqué de la existencia o de los para qué existe  o deja de existir algo- fueran cuestiones científicas. Bastante tiene la ciencia con desentrañar los procesos involucrados en explicar el cómo se producen los hechos como para meterse en objetivos propios de la filosofía.  En aquel momento diversas asociaciones de científicos contestaron adecuadamente las pretensiones de aquellos otros.

Los datos disponibles hasta ahora indican que el incremento de las cifras de consumo de la píldora del día después se correlaciona con el descenso del número de consultas en las clínicas abortistas. Es, por tanto, una buena noticia: el número de abortos puede reducirse con esta práctica. Por otra parte, ni existía una toxicidad grave asociada al uso de la tal píldora ni se ha producido un crecimiento de la misma después de la libre dispensación. En consecuencia, no parece que existan razones basadas en el conocimiento científico ni en la objetividad de los datos como para plantearse una nueva modificación de las condiciones de uso que respondan a razones farmacéuticas, médicas o sociales, por lo que esas razones no pueden ser otras que de índole político, encaminadas a satisfacer las demandas de la facción más carca e inmovilista de la derecha que sustenta al PP. Y para ello, una vez más, estamos asistiendo a lo que será una manipulación de las pruebas documentales  que serán ignoradas, minoradas o sobrevaloradas para amoldarlas a los intereses de los defensores de una determinada moral. Es decir, el objetivo no parece otro que legitimar los intereses de la iglesia católica y seguidores de confesiones inmovilistas, y para ello no repararán en negar la mayor ni dejarán de secuestrar el conocimiento para hacer su voluntad aquí en la tierra.

Por si esto fuera poco, la pretendida conducta de la señora ministra Mato atenta contra un derecho individual como es la libre dispensación del cuerpo y el acatamiento de sus consecuencias en el que las injerencias normalizadoras no hacen nada más allá de complicar la difícil convivencia ciudadana. Naturalmente que no rechazo la necesidad de las normas de conducta en sociedad. Todas las culturas lo han hecho a lo largo de la historia de la humanidad y es razonable su existencia para establecer unas normas elementales de convivencia. Pero donde no pueden llegar este afán normativador es a la regulación de los aspectos más íntimos del ser persona.