El TSJ anula la sentencia que anuló el contrato del Ayuntamiento de Crevillent para la eliminación de residuos

César Augusto Asencio, alcalde de CrevillentEl Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha anulado la sentencia del Juzgado de Elche que en septiembre de 2015 declaró nulo el contrato del Ayuntamiento de Crevillent que adjudicó a la empresa Abornasa para la eliminación de residuos.

LCV. Crevillent / 13 de noviembre de 2017

Por este motivo la empresa cerró la planta íntegramente en el municipio, aunque tras comprobar los efectos de la sentencia abrió la línea sólo de tratamiento de material inerte, que no necesitaba de la autorización ambiental integrada, manteniendo cerrada la línea de basura orgánica.

"La sentencia del Juzgado de Elche anuló el contrato por considerar que la planta de Abornasa estaba en suelo protegido y que había caducado el plazo para obtener la autorización ambiental integrada, pero rechazó de la denuncia de los concejales de Esquerra Unida y Esquerra Republicana, los señores Vicente Selva y Daniel Galvañ, que la contratación hubiera sido “un traje a medida” y declaró válido todo el proceso de contratación desarrollado por el Ayuntamiento", señala el Ayuntamiento en un extenso comunicado.

De la amplia documentación existente y con la "documentación parcial presentada por los señores Galvañ y Selva, el Juzgado de Elche omitió el análisis de algún documento y le llevó al error de interpretar que el suelo donde está Abornasa está protegido y que la prórroga del permiso estaba caducado".

El alalde César Augusto Asencio ha explicado que ahora Daniel Galvañ y Vicente Selva del grupo de L´Esquerra, “se han largado del Ayuntamiento y que han dejado el muerto a todos los crevillentinos”. Por un lado, el cierre de Abornasa ha provocado al Ayuntamiento en estos dos años 211.200 euros de mayor coste por el tratamiento de la basura orgánica trasladada a Elche, a razón de 100.000 euros anuales, más los 11.200 euros de los residuos inertes que durante dos meses se tuvieron que llevar a Novelda, hasta que se pudieron volver a llevar a Abornasa, que es la única línea de tratamiento de las dos que tenía que sigue funcionando. Estos costes son de los últimos dos años y a partir de este mes el Ayuntamiento tendrá que pagar otros 100.000 euros por los próximos 12 meses".

Por otro lado, según el alcalde, "han provocado el daño a la empresa y a los 47 trabajadores, de los que 33 fueron despedidos mediante dos ERES, al no tener Abornasa trabajo para ellos. Son 33 familias que están pasando necesidades”.

En esta sentencia se basó la Generalitat para denegar la autorización ambiental integrada que estaba en trámite y con todos los informes favorables, salvo el de paisaje que aunque no era favorable, no se debía de tener en cuenta en las actividades existentes con anterioridad a la legislación de paisaje, cosa que era aplicable a Abornasa, pues su actividad se remonta a los años 70 del siglo pasado, con más de 40 años de funcionamiento.

Esta denegación de la autorización ambiental integrada está recurrida por Abornasa y en este contencioso Abornasa defiende  que su permiso estaba en prórroga dentro de plazo y que no había caducado, por lo que procede que la Generalitat conceda ya la autorización ambiental integrada para la gestión de los residuos orgánicos. La línea de residuos orgánicos por tanto va a seguir cerrada hasta que no se resuelva judicialmente  esta cuestión en el segundo contencioso en los juzgados.

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